Hoy visité la Villa La Cava, ubicada en el partido de San Isidro, donde mantuve una reunión con vecinos y con personal de los puestos de Gendarmería del lugar, en la que pude intercambiar opiniones de la realidad y, fundamentalmente, conocer en profundidad la dramática situación que viven cada día, producto de la violencia y la inseguridad. Lamentablemente comprobé lo que vengo sosteniendo desde hace un tiempo muy largo: la ausencia de un Estado que sólo se dedica a colocar a la Gendarmería en las entradas a las villas, convirtiendo a estas en pequeños Estados, dentro de los cuales no se garantizan las necesidades mínimas a la gran mayoría de los vecinos honestos y trabajadores, que terminan siendo acosados por los delincuentes que encuentran en las villas el lugar perfecto para desarrollar sus actividades. Ese miedo, que genera incluso que muchos no quieran acercarse a reuniones en las que se habla del tema por miedo a represalias, también lo padecen los miembros de la Gendarmería que, como ocurrió en Fuerte Apache, suelen ser una suerte de "trofeo preciado" de los delincuentes que suelen atacarlos con frecuencia. Había visitado muchas veces La Cava –como tantos otros lugares similares- pero la foto que me traigo de esta tarde es decididamente temática y exige un compromiso de quiénes gobiernan de revertir esta situación. (En la foto, junto a miembros del PRO de San Isidro y a vecinos de La Cava)
martes, 25 de noviembre de 2008
martes, 11 de noviembre de 2008
Inauguración en Adrogué
El último sábado, 8 de noviembre, inauguramos un nuevo local del PRO de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en Espora 1877, Adrogué, partido de Almirante Brown. De la jornada, participaron dirigentes y militantes de los Distritos de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, San Vicente, La Matanza, Florencio Varela, Lanús, Ensenada, Presidente Perón y Avellaneda. Además, contamos con el acompañamiento de miembros de Recrear y el MOPEBO. Foto, de izq. a der. Viviana Arcidiácono (Senadora Provincial), Jorge Macri (Diputado Provincial), Miriam Niveyro (Concejal PRO Almirante Brown), Claudio Acosta (Vicepresidente PRO Almirante Brown) y Carlos Fiorentino (Concejal PRO Lomas de Zamora)
sábado, 8 de noviembre de 2008
Opinión sobre la inseguridad
La reciente modificación de la estructura de seguridad en la Provincia de Buenos Aires, implementada por el gobernador Daniel Scioli, merece apoyo político, aún cuando ocurra después de los dramáticos acontecimientos sucedidos en la zona norte del Conurbano, que terminaron con el asesinato de varios vecinos. Se trata de una respuesta, tardía y defensiva, ante un fenómeno de delincuencia, particularmente juvenil, que merece un tratamiento amplio, muy profundo, desde el punto de vista de estudiar un fenómeno social que envuelve a más de medio millón de jóvenes absolutamente al margen de las reglas institucionales del país. En fin, un cambio en la cúpula policial, simplemente metodológico, anunciado con mucha prensa, como es habitual en el gobierno Scioli.
Desde el PRO de la Provincia hemos venidos sosteniendo la necesidad de otorgarle a la cuestión de la seguridad –el más sostenido reclamo de los ciudadanos bonaerenses– un tratamiento riguroso, permanente y respaldado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Ya no se trata de medidas de Gobierno, que pocas veces generan confianza en la población, indefensa frente a un fenómeno social como es el de la delincuencia juvenil que se organiza desde muy temprano con las armas en las manos, como se ha visto en los medios de comunicación ante una población que no logra salir del asombro.
Bajar la edad de la imputabilidad para los menores se puede convertir en un minúsculo aporte si no se avanza en un tratamiento más amplio del problema. Enviar a la Gendarmería o a la Policía, a custodiar los asentamientos marginales, es sólo un aspecto limitado del problema, sobre todo si numerosos punteros políticos consiguen de instituciones oficiales, materiales de construcción para aumentar el volumen de las villas de emergencia. Aquí radica efectivamente el corazón del problema, saber si todo el espectro político oficialista -desde ministros nacionales, provinciales con intendentes y concejales– aceptan encarar con honestidad y grandeza el problema de la pobreza y la marginación.
Muy lejos está la pobreza de codearse con la delincuencia. Pero son los delincuentes, aquellos marginales sociales, los que eligen organizarse en bandas para el robo y el asesinato en escenarios dominados por la pobreza. El fenómeno que aterra ahora a la población esta dominado por el surgimiento de bandas juveniles que exigen hechos de violencia como certificados de ingreso, entre ellos, el ataque a los hombres que integran las fuerzas de seguridad. Cada uno de esos delincuentes juveniles integran familias, tienen padres, no constituyen núcleos solitarios. Los padres tienen tanta responsabilidad en los hechos delictivos cometidos por los menores como estos mismos, y esta consideración, de por sí, demuestra que el problema es mucho mas complejo que bajar la edad de imputabilidad.
Como se ve entonces, el problema es muy complejo, exige crear un ambiente favorable al cambio drástico de la situación, para respaldar el reclamo enérgico de la población, asustada por la falta de seguridad y la mínima solución que proporcionan las fuerzas de seguridad, que aportan cada tanto su cuota de muertos, asesinados por bandas juveniles. El PRO esta dispuesto a participar con todos sus especialistas en la solución del problema, siempre y cuando se trate con la máxima responsabilidad institucional, y no solamente colocando el carro detrás del caballo.
Desde el PRO de la Provincia hemos venidos sosteniendo la necesidad de otorgarle a la cuestión de la seguridad –el más sostenido reclamo de los ciudadanos bonaerenses– un tratamiento riguroso, permanente y respaldado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Ya no se trata de medidas de Gobierno, que pocas veces generan confianza en la población, indefensa frente a un fenómeno social como es el de la delincuencia juvenil que se organiza desde muy temprano con las armas en las manos, como se ha visto en los medios de comunicación ante una población que no logra salir del asombro.
Bajar la edad de la imputabilidad para los menores se puede convertir en un minúsculo aporte si no se avanza en un tratamiento más amplio del problema. Enviar a la Gendarmería o a la Policía, a custodiar los asentamientos marginales, es sólo un aspecto limitado del problema, sobre todo si numerosos punteros políticos consiguen de instituciones oficiales, materiales de construcción para aumentar el volumen de las villas de emergencia. Aquí radica efectivamente el corazón del problema, saber si todo el espectro político oficialista -desde ministros nacionales, provinciales con intendentes y concejales– aceptan encarar con honestidad y grandeza el problema de la pobreza y la marginación.
Muy lejos está la pobreza de codearse con la delincuencia. Pero son los delincuentes, aquellos marginales sociales, los que eligen organizarse en bandas para el robo y el asesinato en escenarios dominados por la pobreza. El fenómeno que aterra ahora a la población esta dominado por el surgimiento de bandas juveniles que exigen hechos de violencia como certificados de ingreso, entre ellos, el ataque a los hombres que integran las fuerzas de seguridad. Cada uno de esos delincuentes juveniles integran familias, tienen padres, no constituyen núcleos solitarios. Los padres tienen tanta responsabilidad en los hechos delictivos cometidos por los menores como estos mismos, y esta consideración, de por sí, demuestra que el problema es mucho mas complejo que bajar la edad de imputabilidad.
Como se ve entonces, el problema es muy complejo, exige crear un ambiente favorable al cambio drástico de la situación, para respaldar el reclamo enérgico de la población, asustada por la falta de seguridad y la mínima solución que proporcionan las fuerzas de seguridad, que aportan cada tanto su cuota de muertos, asesinados por bandas juveniles. El PRO esta dispuesto a participar con todos sus especialistas en la solución del problema, siempre y cuando se trate con la máxima responsabilidad institucional, y no solamente colocando el carro detrás del caballo.
jueves, 6 de noviembre de 2008
Sobre la estatización de las AFJP
Desde el PRO bonaerense, espacio que conduzco, emitimos el presente comunicado oficial, rechazando el proyecto oficial de reestatizar el Sistema Jubilatorio.
El mundo busca confianza en Argentina y el Gobierno hace todo en otra dirección
Ante al anuncio de reestatización del sistema jubilatorio argentina, por parte del Gobierno Nacional, desde el PRO bonaerense manifestamos nuestra más profunda preocupación por las formas en que esto se llevará adelante y el objetivo real que pueda tener, además de adelantar que nuestro bloque de diputados nacionales se opondrá a la iniciativa, tal como ha sido presentada.
En momentos de crisis financiera del sistema internacional, el mundo necesita gestos de confianza y busca hacerlo, por ejemplo, en la Argentina. Pero lamentablemente, con este tipo de acciones, el Gobierno hace todo en la dirección contraria y equivocada, sacándole plata al sistema financiero para fortalecer al Estado.
Hoy por hoy Argentina está aislada del sistema mundial y sin acceso al crédito, algo que nunca recuperaremos con este tipo de acciones, contrarias a las que ejecuta el mundo. Chile dio un debate en el Parlamento por más de un año y decidieron quedarse con el sistema de capitalización, mientras que acá, en dos días y casi sin debate, planean hacer exactamente lo contrario.
No se trata aquí de cuestionar la propuesta por el simple hecho de ser oposición. Desde el PRO apoyamos el sistema de libre elección jubilatoria que se abrió el año pasado, pero ahora el Gobierno debe ser coherente: si en ese momento el 85 % de los argentinos decidieron quedarse en las AFJP, entonces ahora no se puede obligar a todo el mundo a hacer lo contrario.
Además manifestamos nuestra enorme preocupación e incertidumbre por el destino que se le dará a los fondos de los que ahora dispondrá el Estado, en manos de un Gobierno que no ha demostrado responsabilidad en el manejo del dinero de los ciudadanos. Advertimos que no se puede jugar ni hacer política con la plata que todos aportamos para vivir los últimos años de nuestras vidas y que, si eso ocurre, estaríamos ante un hecho de una gravedad histórica.
Nos preocupa también la inestabilidad de miles de fuentes de trabajo generadas hasta ahora por las AFJP, a raíz de la preocupación que ya hemos recibido de parte de tantos trabajadores que temen por su futuro y por ver amenazada su estabilidad laboral, luego de los anuncios del Gobierno.
En este marco, llamamos al Gobierno Nacional a la reflexión para que revea los anuncios y lleve tranquilidad a todos, porque no podemos seguir con la sociedad preocupada por la incertidumbre en el tema y con los mercados cayendo a pica diariamente por un proyecto que puede ser analizado nuevamente. Que este tema no se convierta en un nuevo capricho de la Casa Rosada, que termine generando un conflicto y una tensión social como generó el enfrentamiento con el campo.
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