La reciente modificación de la estructura de seguridad en la Provincia de Buenos Aires, implementada por el gobernador Daniel Scioli, merece apoyo político, aún cuando ocurra después de los dramáticos acontecimientos sucedidos en la zona norte del Conurbano, que terminaron con el asesinato de varios vecinos. Se trata de una respuesta, tardía y defensiva, ante un fenómeno de delincuencia, particularmente juvenil, que merece un tratamiento amplio, muy profundo, desde el punto de vista de estudiar un fenómeno social que envuelve a más de medio millón de jóvenes absolutamente al margen de las reglas institucionales del país. En fin, un cambio en la cúpula policial, simplemente metodológico, anunciado con mucha prensa, como es habitual en el gobierno Scioli.
Desde el PRO de la Provincia hemos venidos sosteniendo la necesidad de otorgarle a la cuestión de la seguridad –el más sostenido reclamo de los ciudadanos bonaerenses– un tratamiento riguroso, permanente y respaldado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Ya no se trata de medidas de Gobierno, que pocas veces generan confianza en la población, indefensa frente a un fenómeno social como es el de la delincuencia juvenil que se organiza desde muy temprano con las armas en las manos, como se ha visto en los medios de comunicación ante una población que no logra salir del asombro.
Bajar la edad de la imputabilidad para los menores se puede convertir en un minúsculo aporte si no se avanza en un tratamiento más amplio del problema. Enviar a la Gendarmería o a la Policía, a custodiar los asentamientos marginales, es sólo un aspecto limitado del problema, sobre todo si numerosos punteros políticos consiguen de instituciones oficiales, materiales de construcción para aumentar el volumen de las villas de emergencia. Aquí radica efectivamente el corazón del problema, saber si todo el espectro político oficialista -desde ministros nacionales, provinciales con intendentes y concejales– aceptan encarar con honestidad y grandeza el problema de la pobreza y la marginación.
Muy lejos está la pobreza de codearse con la delincuencia. Pero son los delincuentes, aquellos marginales sociales, los que eligen organizarse en bandas para el robo y el asesinato en escenarios dominados por la pobreza. El fenómeno que aterra ahora a la población esta dominado por el surgimiento de bandas juveniles que exigen hechos de violencia como certificados de ingreso, entre ellos, el ataque a los hombres que integran las fuerzas de seguridad. Cada uno de esos delincuentes juveniles integran familias, tienen padres, no constituyen núcleos solitarios. Los padres tienen tanta responsabilidad en los hechos delictivos cometidos por los menores como estos mismos, y esta consideración, de por sí, demuestra que el problema es mucho mas complejo que bajar la edad de imputabilidad.
Como se ve entonces, el problema es muy complejo, exige crear un ambiente favorable al cambio drástico de la situación, para respaldar el reclamo enérgico de la población, asustada por la falta de seguridad y la mínima solución que proporcionan las fuerzas de seguridad, que aportan cada tanto su cuota de muertos, asesinados por bandas juveniles. El PRO esta dispuesto a participar con todos sus especialistas en la solución del problema, siempre y cuando se trate con la máxima responsabilidad institucional, y no solamente colocando el carro detrás del caballo.
Desde el PRO de la Provincia hemos venidos sosteniendo la necesidad de otorgarle a la cuestión de la seguridad –el más sostenido reclamo de los ciudadanos bonaerenses– un tratamiento riguroso, permanente y respaldado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Ya no se trata de medidas de Gobierno, que pocas veces generan confianza en la población, indefensa frente a un fenómeno social como es el de la delincuencia juvenil que se organiza desde muy temprano con las armas en las manos, como se ha visto en los medios de comunicación ante una población que no logra salir del asombro.
Bajar la edad de la imputabilidad para los menores se puede convertir en un minúsculo aporte si no se avanza en un tratamiento más amplio del problema. Enviar a la Gendarmería o a la Policía, a custodiar los asentamientos marginales, es sólo un aspecto limitado del problema, sobre todo si numerosos punteros políticos consiguen de instituciones oficiales, materiales de construcción para aumentar el volumen de las villas de emergencia. Aquí radica efectivamente el corazón del problema, saber si todo el espectro político oficialista -desde ministros nacionales, provinciales con intendentes y concejales– aceptan encarar con honestidad y grandeza el problema de la pobreza y la marginación.
Muy lejos está la pobreza de codearse con la delincuencia. Pero son los delincuentes, aquellos marginales sociales, los que eligen organizarse en bandas para el robo y el asesinato en escenarios dominados por la pobreza. El fenómeno que aterra ahora a la población esta dominado por el surgimiento de bandas juveniles que exigen hechos de violencia como certificados de ingreso, entre ellos, el ataque a los hombres que integran las fuerzas de seguridad. Cada uno de esos delincuentes juveniles integran familias, tienen padres, no constituyen núcleos solitarios. Los padres tienen tanta responsabilidad en los hechos delictivos cometidos por los menores como estos mismos, y esta consideración, de por sí, demuestra que el problema es mucho mas complejo que bajar la edad de imputabilidad.
Como se ve entonces, el problema es muy complejo, exige crear un ambiente favorable al cambio drástico de la situación, para respaldar el reclamo enérgico de la población, asustada por la falta de seguridad y la mínima solución que proporcionan las fuerzas de seguridad, que aportan cada tanto su cuota de muertos, asesinados por bandas juveniles. El PRO esta dispuesto a participar con todos sus especialistas en la solución del problema, siempre y cuando se trate con la máxima responsabilidad institucional, y no solamente colocando el carro detrás del caballo.
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